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Posterior a la publicación del documento de 18 páginas donde se detallan las situaciones que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos, la comisionada ofreció una rueda de prensa donde instó al gobierno de Nicolás Maduro a velar por una vida libre y sin miedo para sus ciudadanos “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” Bachelet fue enfática en el llamado a la unión y el entendimiento de las partes para superar la crisis.
Los datos a continuación provienen del informe elaborado basado en 558 entrevistas en Venezuela y otros países, sustentados en testimonios de víctimas y testigos de violaciones de Derechos Humanos.
Derechos económicos y sociales
El informe refiere a los millones de venezolanos exiliados “Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales, muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad
En el desarrollo del texto se crítica la dependencia a los programas sociales producto de los bajos ingresos económicos “la discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets” además se refiere al funcionamiento de la estructura de los claps “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recabó testimonios de mujeres, incluyendo de lideresas locales, quienes han sido señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes y lideresas comunitarias y por grupos armados civiles progubernamentales y excluidas de los programas sociales”
En materia de salud el informe señala la escasez de insumos, personal y material clínico, así como al impacto de las sanciones económicas en la importación del material necesario para los centros de atención del Estado y donaciones de órganos “son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.
Libertad de expresión
Según indica el informe, autoridades del Estado venezolano utilizan una retórica pública para desacreditar y atacar a quienes se oponen al Gobierno, entre ellos políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, que además son calificados como “traidores” o “agentes desestabilizadores”.
Detalla con precisión y agudeza: Los empleados públicos y disidentes han sido atacados, defensores de derechos humanos son víctimas de campañas de difamación. Las mujeres han recibido ataques en función de su género a través de comentarios sexistas y humillaciones públicas.
El informe crítica la persecución a periodistas, lo que califica como “hegemonía comunicacional” por los medios impresos cerrados por operatividad en todo el país y el auge de medios de comunicación financiados por el Estado.
Violencia y sanciones internacionales
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la actuación de los cuerpos policiales en las manifestaciones registradas en el país desde el año 2017, documentando detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, además de situaciones donde ciudadanos fueron agredidos de manera individual por su distinción política.
Bachelet hizo un llamado de responsabilidad a los actores con “influencia” en la vida venezolana para sumar esfuerzos que desemboquen en soluciones para superar los efectos de la crisis, ratificó su postura contra las sanciones económicas internacionales que son impuestas al gobierno de Venezuela, a su juicio, estas “exacerban” los efectos de la debacle económica en los sectores que importan alimentos e insumos para la salud.
La oficina de Derechos Humanos mantiene a dos funcionarios en Venezuela a quienes el gobierno ofreció garantizar acceso a toda la información necesaria para validar los datos, por su parte, el canciller Jorge Arreaza manifestó en un comunicado su inconformidad con los argumentos del informe presentado por la Alta Comunicada, criticando la metodología implementada para la obtención de información, lo que calificó como la “parcialización” de las entrevistas realizadas que devino en inconsistencias en el contenido del mismo, los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU, entregaron un reporte que señala al menos 70 observaciones de errores en la información presentada.