7 agosto, 2023
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STUYVESANT, Ernest
La conflictividad en el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población latinoamericana y centroamericana, es una realidad que agobia nuestra sociedad. El desconocimiento de las leyes y la ausencia de una guía con respecto a cómo actuar y qué hacer cuando es necesario involucrarse en un procedimiento legal, que implique la visita a tribunales o relación con las autoridades penales, son las principales causas que hacen de esta una problemática común.
Bajo esta inquietud avasallante, la Organización de Estados Americanos (OEA) lanza el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, una iniciativa que busca brindar una puerta que permita a los afectados de Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay y Argentina ejercer sus derechos apropiadamente, con una meta fundamental: prevenir que se desarrollen y multipliquen los casos. En Ciudad de Panamá, conversamos con Pedro Vuskovic, coordinador del programa y representante de la secretaría General de la OEA en ese país.
-¿Cómo se gestiona y materializa el programa?
Actualmente hay más de 13 mil facilitadores. 41% de ellos son mujeres. Básicamente, son líderes voluntarios de un liderazgo de servicio y quiero remarcar esto, porque hay muchos tipos de liderazgo. Son personas que están apoyando a las necesidades que tienen sus vecinos, las personas cercanas a ellos. Por eso se mueven estrictamente en el ámbito de su propia comunicad, barrio o aldea. Son voluntarios porque no cobran absolutamente nada, no son empleados del Estado ni tampoco reciben nada de las partes a las cuales ellos apoyan. Para apoyar un vecino, no necesitan ingresos. Las funciones no son jurisdiccionales, es decir, no emiten fallos, lo que hacen es informarles a la gente sobre sus derechos, sobre las leyes, las normas jurídicas y de conducta, su propia práctica personal, su vida personal se convierte en un efecto demostrativo sobre su comunidad y cómo comportarse, cumplir ciertas normas de convivencia y respetar las leyes del país. Entonces usted logra a través de un buen consejo una mediación y así no van a juicio. También tiene una función preventiva en el sentido de resolver alternativamente un conflicto.
-¿Qué hay de las consecuencias que acarrea el hecho de no tener acceso a justicia?
Sin acceso a justicia no hay un desarrollo económico sostenible e inclusivo, no es posible. Lo puedes ver a nivel de la familia, cuando los individuos de la familia tienen que recurrir al sistema judicial para un caso que podría haberse prevenido o resuelto por medios alternativos, no jurisdiccionales, cuando tienen que acudir a un juzgado y terminar un juicio, hemos visto que en Centroamérica tardan más de dos años en promedio y tienen un costo para la víctima de un equivalente a ocho meses de ingreso familiar, es decir, de la familia completa. La pregunta es qué hicieron esos ocho meses, cómo hicieron. La respuesta es que se endeudaron o vendieron activos, y los activos de la gente más humilde, generalmente es lo que más necesitan.
-¿Cuáles considera que son las principales causas que generan las barreras de estos pueblos en cuanto al acceso a la justicia?
Partimos de que no son los aislamientos geográficos de donde están las autoridades de la justicia, sino por razones económicas, de género, de etnias, idiomas u otras barreras diferentes, que no tienen el acceso a la justicia. Y si no lo tienen, estamos en una situación complicada, porque no tienen acceso al ejercicio de sus derechos. La falta de acceso a justicia puede generar muchos efectos negativos, uno en términos del ejercicio de los derechos humanos, pero también genera un problema de gobernabilidad en el sentido de que está asociada a una falta de credibilidad, particularmente del sistema judicial. Cuando la población no confía en el sistema judicial, no está confiando en una institución básica de nuestra democracia.
-Entre los casos que han tratado, ¿cuáles son los delitos más comunes?
La impunidad genera esa situación. Es como querer curar una enfermedad curando los síntomas. Usted puede abrir más cárceles, pero habrá más gente detenida y más presos. De hecho, en América Latina muchas cárceles están duplicadas en cuanto a la población que estaba prevista en ellas. Pero eso no resuelve el problema, gran parte tiene que ver con la falta de solución a los problemas jurídicos que tiene la población, porque muchos de los casos, incluyendo los de la violencia más extrema, como los homicidios, están asociados no solo a los grandes elementos del crimen organizado o del tráfico de drogas, sino que están muchas veces ligados a los problemas interpersonales.
-¿Cómo valora los principales beneficios que arroja la labor de los facilitadores?
A nivel sectorial va a encontrar que introducir un sistema de prevención y resolución alterna a los medios jurisdiccionales para resolver los conflictos, le genera un ahorro al sistema de justicia, o dicho de otra manera, lo hace más eficiente, porque con los mismos recursos usted hace más. Se trata de que les lleguen menos casos y que logren cubrir muchas más personas. A nivel nacional, se requiere un entorno de baja conflictividad social para que los negocios puedan prosperar. Hay dos estudios recientes, uno del BID y otro del Banco Mundial: en promedio, para América Latina y el Caribe, los costos del crimen y la violencia son 3,5 del PIB. Hay países que van ya por el 6,5. Es una responsabilidad primaria del Estado, pero el Estado debe trabajar de la mano con la sociedad. No puede enfrentar este desafío solo.
-¿Cuál es el principal desafío al que se enfrentan actualmente?
Es cómo damos respuesta al acompañamiento y la asistencia técnica a una demanda creciente. En ese sentido, estamos tratando de incorporar a los propios países para que dispongan de los recursos que hacen falta para que esto funcione y que también nuestra asistencia pueda ser efectiva.
